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Due Diligence. Efectivo mecanismo anticorrupción
Por Ramón Cuevas Martínez - sábado, 6 de octubre de 2018

Grandes o chicas, existen empresas que son una verdadera calamidad para sus socios de negocios, pues van haciendo a lo largo de toda su existencia una serie de fraudes con los contratos que firman, dejando en la calle a quienes confiaron en ellas.

Lo mismo se trata de empresas trasnacionales como Odebrecht, que ofrecieron sobornos millonarios en muchos países latinoamericanos para obtener ventajosos contratos, o de pequeñas empresas constructoras que brincan de estado en estado, y de municipio en municipio, trayendo bajo el brazo una docena de razones sociales, que les sirven para defraudar con mayor comodidad a los gobiernos que les asignan licitaciones millonarias confiando en su documentación legal.

En ambos casos, estamos frente a controles financieros demasiado laxos que permiten la existencia de estos deshonestos empresarios.

Due Diligence se creó para ayudar a combatir este mal global, pues se refiere a las “comprobaciones debidas” que realiza una empresa de manera previa a la firma de un contrato o a la compra de un activo importante.

Consiste en realizar una minuciosa revisión de la empresa con la cual se va a efectuar el contrato de manera previa a su firma. La investigación abarca en primer término su situación financiera, pero también alcanza la investigación del desempeño organizacional con clientes anteriores.

Aunque la Due Diligence fue diseñada para tener certeza en las relaciones comerciales, también es utilizada en los últimos tiempos para prevenir el blanqueo de capitales, entendido como “el conjunto de actividades y procedimientos que permiten introducir dinero de procedencia ilícita en el ciclo de la economía legal con la finalidad de ocultar su origen”.

Por lo que hace al sector público mexicano, no obstante que los medios de información han demostrado que el gobierno trabaja con socios de dudosa honorabilidad empresarial, no se registra ningún esfuerzo de Due Diligence.

Estamos ante un escenario bastante peligroso, ya que en un contexto global como el que vivimos, prácticamente nuestras leyes de adquisiciones se han abierto para que el gobierno reciba ofertas de servicios de todo el mundo, lo que, sumado a la presión creciente de los círculos empresariales, que todos los días empujan para hacer más abiertas las licitaciones en un afán de transparencia, se ha formado la tormenta perfecta.

Sin querer, hemos abierto la puerta a los ladrones, aquéllos que conocen al dedillo las leyes de compras públicas, y que, con muy pocos recursos, consistentes por ejemplo en un portal web bien diseñado, una opinión financiera favorable realizada por un contador público de pocos escrúpulos y un acta constitutiva de reciente expedición, están posibilitados para concursar por prácticamente cualquier licitación pública.

En lo doméstico, en lo local, pasa lo mismo, un mismo ciudadano puede obtener licencias de funcionamiento en un municipio, sin demostrar que esta al corriente del pago de agua y predial, aunque se trate de un lavado de autos y prácticamente su negocio le salga gratis.

Es necesario que los sistemas anticorrupción gubernamentales avancen hacia la definición de políticas públicas que obliguen a tener comités de Due Diligence en todas las dependencias, para que haya posibilidad de investigar a las empresas que obtienen licitaciones gubernamentales, y que no siempre cumplen con sus compromisos de calidad en los productos que entregan.

Hoy en día el gobierno, además de proveedores, tiene muchos socios de negocios privados que operan carreteras, prestan servicios concesionados y hacen actos de autoridad en nombre del gobierno. Es hora de revisar su desempeño.

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