Es obligación de toda administración velar para que el gasto público que se ejerce sea de calidad, entendiendo la calidad del gasto público como aquellos elementos que garantizan el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Es decir, que los recursos económicos sean aplicados con el fin de cumplir con los objetivos establecidos y, además, se logre rebasar esos objetivos, obteniendo más resultados con el menor uso de los recursos económicos. Por otro lado, la calidad tendría que ser entendida como “[…] la capacidad de una entidad pública para prestar servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los ciudadanos, al menor costo posible”¹

La calidad del gasto público se garantiza con un plan de desarrollo ya sea municipal, estatal o nacional, en donde se ordene y clasifique el rendimiento de la utilización de los recursos, a través del ciclo de planeación, programación, monitoreo, evaluación y la comunicación de resultados que se propone en el estándar de competencia de Administración Gubernamental por Resultados². En estos documentos se establecen los procesos y los objetivos; es decir, el impacto que se espera tener para el beneficio de la ciudadanía.

Todas las entidades públicas deben ser capaces de tener dos planes de manera similar a como se trata la contabilidad del gasto; es decir, un plan comprometido (inicial) y un plan realizado al final del ejercicio fiscal.

La calidad del gasto no solo se debe limitar al alcance de los objetivos, sino que se debe considerar que supere los objetivos y que tenga un impacto real para el beneficio de los ciudadanos. El que las administraciones públicas se dediquen a construir hospitales, no garantiza que los índices de salud pública bajen, incluso el invertir en más patrullas o uniformes para policías tampoco es garantía de que los índices de inseguridad disminuyan. Lo mismo podemos decir acerca de la educación, el construir más escuelas no es garantía de que los índices de calidad en la educación mejoren.

Para sostener la premisa anterior, se puede observar el caso del municipio de Toluca, Estado de México, en el tema de seguridad pública. El ayuntamiento en los últimos años ha destinado un porcentaje importante del presupuesto para el tema de seguridad pública. Para el año 2020 ejerció para este rubro $1,135,500,120.72 millones de pesos³, lo que representa el 23.07% del gasto total ejercido del mismo año. Para el año 2021 se destinó $917,392,525.06 millones de pesos⁴, lo que representa el 20.02% del gasto total ejercido en dicho año. En el 2022 se ejercieron $686,844,466.41 millones de pesos⁵ para seguridad pública, lo que representa el 15.60% del presupuesto ejercido para ese año.

Por el otro lado, de acuerdo con el observatorio nacional ciudadano⁶, en el año 2020 hubo 17,590 carpetas de investigación en el municipio de Toluca por algún tipo de delito. Esto representa una disminución del 8.47% contra el año anterior que fueron 19,010 carpetas de investigación. Para el año 2021 se abrieron 21,425 carpetas de investigación, lo que representan un aumento del 17.9% respecto al año anterior.

Para el año 2022 hubo 21,505 carpetas de investigación; es decir, 80 casos más que el año anterior, lo que representa un incremento del 0.38%.

Al punto que se quiere llegar con este análisis es acerca de que, a mayor o menor presupuesto, no quiere decir que va a tener un impacto directo en los índices sobre seguridad pública, o si ese presupuesto se va a destinar en la compra de más patrullas o uniformes para los policías, no se va a garantizar a los ciudadanos un servicio de calidad y que sea efectivo para tener una incidencia directa en los números sobre este rubro.

Para ejemplificar este punto, se puede observar que en la gráfica 1, en el gasto público hay un incremento en números absolutos de 2018 a 2020 y de 2021 a 2022 hay un decremento. El cambio más importante es en año 2020, donde se ejercieron $1,135,500,120.72 millones de pesos en seguridad pública, lo que se esperaría que los datos en inseguridad se mantuvieran a la baja.

En lo que respecta con la gráfica 2, los datos se mantienen más constantes y no hay un cambio considerable como en la gráfica 1, el cambio más importante lo observamos en el año 2020, donde las carpetas de investigación bajaron, pero para el año 2021 volvieron a subir como en el año 2018. Hay que considerar que en el año 2020 se debió a la baja de carpetas de investigación debido al confinamiento causado por la pandemia Covid-19.

A pesar de tantos millones invertidos en 2020, no es posible que las carpetas de investigación no bajen considerablemente o se observe una baja constante en las estadísticas, pero esto no es tema de inversión, sino el problema radica en la falta de una administración por resultados.

En el comparativo entre estas dos gráficas se puede sostener que no importa si el presupuesto es mayor o es menor para influir de manera directa en los números de carpetas de investigación que fueron abiertas por algún tipo de delito. El problema de la seguridad pública como también lo puede ser otros temas, se tiene que atender desde una perspectiva donde se considere, en primera, que los problemas son complejos y que existen diversos factores que influyen para tratarlos; en segunda, como los recursos son limitados, la calidad del gasto tiene que ser un eje central para mantener las finanzas públicas sanas y este tiene que estar orientado a un modelo por resultados.

Si se quiere atender la inseguridad pública y garantizar la calidad del gasto, se tendría que buscar el beneficio de los ciudadanos a través de la gestión por resultados. Como se dijo anteriormente en este artículo, la calidad del gasto tiene que buscar la efectividad; que tenga un impacto real para el beneficio de los ciudadanos; es decir, si se pretende invertir en seguridad pública como es en patrullas, uniformes para policías, capacitación, entre otros, los resultados a esperar serían que las carpetas de investigación bajen en comparación con los años anteriores; en otras palabras, que el gasto público tenga un impacto directo en el beneficio de los ciudadanos.